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Después del plan fiscal: Diputados se preparan para discutir

Tras la aprobación del proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, el Congreso continuará con otras iniciativas que vendrán a ser una especie de brazo, principalmente en miras hacia la reactivación económica, así como otros que estarán en agenda para su votación.

El Gobierno de Carlos Alvarado, apunta a aquellos relacionados con la reactivación económica por lo tanto, anunció que enviará a la Asamblea Legislativa, los proyectos para el fortalecimiento de la Universidad Técnica Nacional (UTN) inyectándole $50 millones, el programa de alcantarillado y control de inundaciones en Limón por $56 millones. Además, el programa de agua para Guanacaste, por $425 millones.

Además, informó que en el 2019, se enviará el empréstito del tren eléctrico para su aprobación en el Congreso.

Pese a esto, hay una serie de proyectos en la corriente legislativa que se ligan a la reforma fiscal.

Entre ellos, el de eurobonos.

“Parte clave de esta agenda de empleo y reactivación son los proyectos para el ingreso de Costa Rica a la OCDE, que debe darse a más tardar a inicios del 2020.

Para seguir la ruta de la estabilidad económica, se debe aprobar el proyecto de ley de eurobonos para el financiamiento internacional del país. Estos recursos serán utilizados para reestructurar la deuda y no para incrementar gasto, quitando presión a las tasas de interés locales y al tipo de cambio”, dijo el Jefe de Estado.

A continuación puede desplegar cada opción para obtener más detalle:

Proyecto de eurobonos

Esta iniciativa se tramita bajo el expediente 20.535, aunque el Ministerio de Hacienda envió un texto sustitutivo hace dos semanas.

La jerarca de Hacienda, Rocío Aguilar defendió la propuesta, asegurando que esto permitirá un endeudamiento en el extranjero con mejores condiciones, tanto en tasas de interés como de vencimientos. Al no tener que buscar dinero prestado en el dinero local, esto permitiría reducir la presión a las tasas de interés en el país y permitirá a entidades financieras u otras, obtener esos recursos económicos vía endeudamiento, pues el Gobierno abarcaba la mayoría del dinero.

Hacienda propone que “el monto máximo a ser colocado por año calendario no podrá exceder los $1.500 millones en los 2 primeros años y de $1.000 millones para los años restantes“.

De aprobarse este proyecto, se le otorga al Ejecutivo la facultad para canjear, consolidar, convertir, renegociar y reestructurar las colocaciones de títulos valores realizados en el mercado internacional.

En cuanto a los intereses y plazos de vencimiento, Hacienda considera en el artículo 4 que, el rendimiento de los títulos autorizados no podrá ser mayor al de mercado de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de América de un plazo similar al plazo de la colocación que se quiere realizar más 725 puntos base. Este rendimiento máximo autorizado incluye todos los costos asociados a la emisión.

También proponen lo siguiente: “Los plazos de vencimiento habrán de ubicarse con un mínimo de 5 años. Las demás características de los bonos las podrá fijar el Gobierno de acuerdo con las sanas prácticas bursátiles en la materia”.

Proyecto de educación dual

Esta es otra de las iniciativas mencionadas por legisladores como las que vendrán después de la aprobación del plan fiscal. Este plan pretende que los estudiantes mayores de 15 años realicen pruebas en empresas, en tanto, adquieren la teoría en las aulas.

Los legisladores pretenden que con esto pretenden que los jóvenes adquieran experiencia en el mundo laboral. Las compañías que quierean participar, deberán cubrir las necesidades de transporte, alimentación, vestimenta y equipo mínimo de protección especial, o bien, el equivalente a una beca de hasta un 30% del salario de un trabajador semicalificado, es decir, en la negociación entre ambas partes, se definirá si se hace en efectivo o salario en especie.

Proyecto empleo público

Este es uno de los que va de la mano con la reforma fiscal. El Gobierno se comprometió a enviar el proyecto de ley a finales de marzo de 2019, pues aún afinan la propuesta.

Rodolfo Piza, Ministro de la Presidencia, detalló el 26 de noviembre anterior, que a partir de enero, esperan sentarse con los sectores a discutir con un borrador en mano. Aunque, es claro en que la decisión final es de la Asamblea Legislativa.

La exlegisladora liberacionista Sandra Piszk presentó un proyecto en el período 2014-2018 para ordenar ocho retribuciones salariales, aunque su plazo cuatrienal vence el próximo año. El plan fiscal que ya es ley de la República, hace rebajas en cuanto a los porcentajes otorgados por algunos pluses.

Pacto multipartidista

El acuerdo multipartidista nació en el seno de la discusión del plan fiscal, donde algunas fracciones se comprometieron públicamente a dar vía rápida o impulsar, los proyectos de ley que gravan los excedentes de las medianas y grandes cooperativas, elimina el enganche salarial de profesionales en ciencias médicas, corrige la reducción en incentivo salarial de educadores por recargos y dedicación exclusiva, así como el compromiso por presentar una iniciativa con el que se trasguardan las transferencias presupuestarias del Gobierno Central a las entidades desesntralizadas, incluyendo las que actualmente son destinos específicos.

De estas, tanto la de enganche como la de docentes se encuentran ya en Plenario, pues el primero fue dictaminado en la Comisión de Jurídicos, mientras el segundo fue dispensado de trámite.

El de las cooperativas está más entrabado en comparación con los anteriores, pues aunque inicialmente el Partido Liberación Nacional (PLN) firmó el compromiso público para su vía rápida, finalmente a lo interno de la fracción optaron por cambiar de parecer y decidir sólo darle agilidad por la vía ordinaria. La iniciativa se encuentra entonces, en fase de audiencias en la Comisión de Asuntos Económicos y su dictamen estaría en los primeros tres meses del próximo año. Con esto, pasaría al Plenario Legislativo a su discusión y votación.

De acuerdo con Erwen Masís, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) agregó además el proyecto para regular el teletrabajo. Aunque, para él, el Congreso debe de centrarse en limar asperezas tras las intensas jornadas por la reforma fiscal, que provocó divisiones, dimes y diretes y cuestionamientos.

Mientras, el independiente Jonathan Prendas considera que el Partido Acción Ciudadana (PAC) debe entender que la Asamblea Legislativa no solamente está conformada por tres bancadas, tal cual fue su línea para el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas.

Por eso, de cara a nuevas discusiones, espera que el oficialismo tome en cuenta todas las fuerzas políticas del Congreso, para construir en beneficio del país. Pese a ese señalamiento, Carolina Hidalgo, presidenta del Congreso enfatizó en que, la unión del PAC, PLN y PUSC para la aprobación del plan fiscal, no se puede traducir en una alianza o pacto para los próximos temas por discutir.

En su criterio, cada tema “merece una discusión pausada” al hacer referencia a temas como el de empleo público.

Por otra parte, Carlos Avendaño, jefe de fracción de Restauración Nacional, no descartó la presentación de iniciativas para eliminar el impuesto de  2% en medicamentos y 1% para canasta básica, que comenzarán a regir a partir de junio de 2019.

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