Redacción
Para el jurista Omar Barrios, director del Centro de Estudios de Derecho (Cede), el conflicto entre el Ejecutivo y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ha sido sobredimensionado y no pasa de ser un incumplimiento migratorio y desacuerdo diplomático por falta de acuerdos con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.
El abogado hace un llamado a evitar la confrontación, que ve promovida por opositores y defensores de las acciones de presidente Jimmy Morales.
¿El conflicto entre Ejecutivo y Cicig por una resolución implicó riesgo de rompimiento constitucional?
No hay un rompimiento del orden constitucional por incumplir con un amparo provisional, solamente esto conlleva responsabilidad a funcionarios de Migración. No se está removiendo ni al presidente del Ejecutivo, ni del Congreso o disolviendo las Cortes. Decir que es un rompimiento constitucional es irresponsable.
¿Pero una acción arbitraria beneficiaría a algún sector?
Ambos grupos soñarían con que fuera un rompimiento, sobre todo los pro Jimmy, para perpetuarse en el poder, pero esto es un simple incumplimiento migratorio. Se está engañando a la gente para confrontarla y jalar cada quien agua a su molino, a sus propios intereses.
¿Puede ser el recurso del miedo para provocar conflictos?
Hace poco circuló un video sobre cómo Estados Unidos logró el golpe de Estado de 1954 con 500 personas frente al Ejército de Guatemala, mucho de eso no es más que una estrategia psicológica. Hay muchos abogados cobardes que no señalan que esto no es un rompimiento constitucional.
En un análisis más político, ¿a qué obedecería esto?
Tratan de justificar que la gente pueda actuar con violencia y provocar que el presidente use poder bélico. Hay que reconocer que Otto Pérez no sacó a la Policía Militar. Si Morales lo hace, los incitadores podrían provocar a la gente.
Respecto de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, usted indicaba un día antes que la resolución permitiría el ingreso del investigador. ¿Por qué?
Incumplir un amparo provisional de un tribunal extraordinario es delito de desobediencia, siempre que se cumple el artículo 32, de la Ley de Amparo, Encausamiento por desobediencia. Por lo tanto, los funcionarios o empleados públicos deberán asumir las consecuencias, pero esto no es ningún golpe de Estado.
¿La resolución estaba apegada a Derecho?
Sí. Solo que los magistrados no debieron aplicar el artículo 50 de la Ley de Amparo, sino el 79, porque estaban resolviendo sobre un amparo provisional.
¿Era correcta la detención del personal de Migración por cometer un delito en flagrancia?
No. La Fiscal General se precipitó. Debió esperar a la resolución de la CC, comunicar a los que no estaban legalmente informados, y si no obedecen, se avisa a la CC para que esta encause en contra de los que no obedecieron; es decir, certifica lo conducente. Con ese acto introductorio puede actuar el Ministerio Público.
¿Qué pueden argumentar?
Pueden justificar causas de inculpabilidad, como las del artículo 25 del Código Penal; la obediencia debida y que la ilegalidad del mandato no era manifiesta.
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Alejandro Balsells: Fricción se mantiene entre ambos grupos
El conflicto que se originó desde este sábado y que finalizó ayer con una orden de la Corte de Constitucionalidad para que ingresara el investigador de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) Yilen Osorio genera confrontación en el país, opina el abogado constitucionalista Alejandro Balsells.
Las acciones del Gobierno, según Balsells, envían un mal mensaje al extranjero, algo que podría tener efectos negativos para la inversión. Además, advierte el jurista, hay un interés en comprometer el proceso electoral.
¿Va a seguir la fricción entre el Ejecutivo y la Cicig?
Sin duda, la fricción va a continuar. El Gobierno está llevando al sistema al límite, como lo estamos viendo. Si algo es criticable es que la resolución de la Corte no haya decidido la destitución de la canciller y el ministro de Gobernación. Es evidente que están obligando a que funcionarios menores hagan resoluciones ilegales.
¿Qué pasaría si el Gobierno denuncia el acuerdo entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas para la creación de la Cicig?
Si se animan a denunciarlo, habría que estudiar la juridicidad, y estoy seguro de que no es tan sencillo. Habría que esperar la decisión, no hay que adelantarse, pues hay que estudiar las consecuencias de ello y si el Gobierno puede unilateralmente hacerlo.
¿Cómo analiza la crisis que se generó por vedar el ingreso a un investigador de la Cicig?
Yo lo veo terrible. Es una actitud para espantar el turismo o cualquier proceso de inversión en el país. Lo que hicieron en el aeropuerto es estúpido. No se necesitaba enviar todo ese contingente para impedir el ingreso de una persona. Estamos en los medios de comunicación de todo el mundo y nos ven como un país de caricatura. Líneas aéreas anuncian que podrían suspender los vuelos. Lo que están haciendo es un daño grave al país.
Por aparte, llama la atención que el sector empresarial organizado, que siempre habla de generar empleo e inversión, ahora están aparentemente avalando un proceso muy complicado que pondría al país fuera de toda órbita de inversión extranjera.
¿Cuál podría ser la intención del Gobierno con este conflicto?
El Gobierno ha venido en un proceso de deslegitimar al procurador de los Derechos Humanos, a la Corte de Constitucionalidad y al Tribunal Supremo electoral. Hoy vemos el extremo al que están llegando. Entonces, están jugando con el proceso electoral. Es evidente que no quieren elecciones.
¿Considera que el Ejecutivo está forzando para que no se lleve el proceso electoral?
El gobierno de Jimmy Morales y su vicepresidente Jafeth Cabrera son copartícipes de las decisiones de la línea dura del Ejército, que no es democrático, que es autoritario y que está vinculado terriblemente al contrabando y al narcotráfico.
¿Puede influir este hecho en la convocatoria a elecciones el 18 de enero?
Tiene que haber convocatoria, pase lo que pase. Con la crisis, no tiene razón para suspender el proceso electoral. Hay convocatoria el 18, y el proceso electoral va. De no haber, estaríamos incurriendo en lo mismo en lo que el Gobierno está condenando a Venezuela. Ellos están condenando a Maduro y en Guatemala están haciendo lo mismo.
