Redacción
La Fundación Nacional para el Desarrollo y Transparencia Internacional, expresó su preocupación porque el caso Corruptela pueda quedar impune a raíz de la investigación interna de los fiscales que condujeron las indagaciones y que estaban asignados al referido proceso judicial.
Sumado a lo anterior, existe la posibilidad de que los testigos criteriados (imputados con beneficios penales) ya no declaren en el proceso judicial porque ellos mismos le pidieron al fiscal Melara que les retire esa condición, según lo expresado por el director ejecutivo de esa entidad, Roberto Rubio, en una carta enviada al fiscal general, Raúl Melara.
“Representa un riesgo para el debido procesamiento judicial del caso Corruptela, porque los testigos criteriados ya no ofrecerán su declaración y porque los fiscales a cargo del mismo, podrían ser separados”, advirtió Rubio.
El caso Corruptela tiene que ver con la supuesta red de corrupción que se habría enquistado en la Fiscalía General en la gestión del exfiscal Luis Martínez, quien guarda prisión por ese caso y otros que están ligados. Además de Martínez, son procesados varios de sus colaboradores cercanos, entre exfiscales y exfuncionarios, el expresidente prófugo, Mauricio Funes; y hasta empresarios.
Además de la preocupación expresada por la referida institución, le pide una explicación pública sobre “la racionalidad por la cual se decide iniciar una investigación interna conducente a una reparación en favor de personas que tienen calidad de imputadas en el proceso judicial Corruptela y que han aceptado su participación en los ilícitos”.
Le demanda que dé “las garantías del debido proceso, la estabilidad en el cargo de los fiscales investigados, la no interferencia indebida en su trabajo y la integridad física a cargo del referido proceso de investigación”.
Rubio, señala en la carta, que las investigaciones de los fiscales del caso Corruptela fueron abiertas por orden del fiscal Melara con base a peticiones de fiscales y personal administrativo de la Fiscalía que tienen calidad de imputados, pero que se les ha concedido criterio de oportunidad.
En los escritos, los procesados “aducen haber sido coaccionados para aceptar su participación en los ilícitos y para someterse al criterio de oportunidad en el proceso judicial”, según Rubio.
Agregó que los imputados justificaron sus actuaciones ilegales, por las que son procesados judicialmente, en que ellos obedecieron “órdenes superiores”.
“La situación que se está viviendo en la FGR genera inseguridad sobre las garantías del debido proceso de los fiscales que están siendo investigados y que han estado a cargo del caso”, advirtió Rubio.
Consideró que “el hecho mismo de abrir un expediente investigativo en su contra (de los fiscales) sin ser oídos y a petición de personas imputadas en delitos, constituye un mensaje negativo”.
También advierte que “las señales que se envían llevan a pensar de que se están dando una recomposición de fuerzas al interior de la FGR, con la que pueden recobrar poder personas que colaboraron activamente en ilícitos o que omitieron cumplir con su deber durante la administración del exfiscal Luis Martínez”.
Se pidió la posición del fiscal general Raúl Melara a través de la Unidad de Comunicaciones de la referida institución, pero hasta las 11:00 de la mañana de este día, aún no se había obtenido una respuesta.
Con respecto a la investigación interna de los fiscales, el director del Instituto de los Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), José María Tojeira, calificó esa situación como una “crisis interna en la Fiscalía”.
Agregó que al interior del Ministerio Público existe “persecución interna de fiscales, intentos de salvarse unos a base de hundir a otros”.
Recordó que el actual Fiscal General tiene “demandas de inconstitucionalidad en su nombramiento y detrás de todo el fantasma de Enrique Rais”, por lo que se hace necesario que se recurra a un diálogo interno.
FUENTE: elsalvador.com
