Redacción
Con un pie en EE.UU. y otro en El Salvador, Margarita Cruz, una inmigrante en tratamiento contra el cáncer y que reside en Washington, espera ver cumplida la reunificación familiar prometida por el programa de Menores Centroamericanos (CAM, en inglés), suspendido en agosto de 2017 y que una jueza revivió en marzo pasado.
Margarita, cuyo semblante refleja más de sus 36 años, se aferra a la esperanza de abrazar al mayor de sus cuatro hijos, Edwin, a quien dejó al cuidado de sus padres, hace ya 17 años, y por quien ha librado una batalla legal en Estados Unidos.
“La esperanza que tengo y siento es que esta vez sí que voy a poder ver a mi hijo”, dijo esta mujer a Efe, cuyo caso es uno de entre los 2.700 y 3.000 que quedaron en el limbo después de que el presidente Donald Trump decidiera en enero de 2017 dejar de tramitar las solicitudes de reunificación y en agosto acabara con el programa.
El CAM, establecido en 2014 por la Administración de Barack Obama (2009-2017), permitía a personas viviendo de forma legal en EE.UU. y con origen en Honduras, El Salvador y Guatemala solicitar permisos para que sus hijos u otros familiares migraran al país para reunirse con ellos.
El 3 de mayo de 2016 “vinimos a aplicar” en la organización CASA, que ayuda a migrantes, relató Margarita, con voz pausada tras haber recibido una sesión de quimioterapia.
“Todo el proceso iba bien: mandamos pagar los exámenes de ADN que se hizo mi esposo con mi hijo -quienes nunca se han visto, ya que el primero salió de El Salvador cuando Edwin aún no había nacido-“, agregó esta mujer, que recibe tratamiento por un tumor cerebral que en el momento de ser detectado era del “tamaño de una manzana grande”.
“Cuando de repente fue que salió en las noticias que el nuevo presidente había cancelado todo eso (…) yo estaba tan emocionada por querer ver a mi hijo y cuando yo me di cuenta de todo eso, que se vino todo, se vino abajo, que todo estaba perdido, sí me sentí bien triste”, admitió.
Con tres pequeños de 14, 8 y 3 años nacidos en EE.UU. y el mayor en El Salvador, de donde salió en 2002 agobiada por la pobreza, Margarita se debate entre permanecer en el que ha sido su hogar estos últimos años y donde recibe un tratamiento que, confiesa, no podría tener en su país y el reencuentro con su primogénito.
“Si yo hubiera estado en mi país, yo no estaría viva, porque todo lo que hacen aquí no lo hacen en mí país”, reconoció esta mujer, que se dedicaba en El Salvador a la siembra de maíz y frijoles.
Margarita, cuyo travesía hacia EE.UU. incluyó seis días de caminata por el desierto y un trayecto en un tráiler escondida junto a 160 personas, ya se ha sometido a cuatro operaciones.
Además, recibe cada miércoles, día que ella misma admite “no quisiera que llegara”, el segundo ciclo de seis meses de quimioterapia. Su cuadro lo complican sus niveles de hipertensión.
Pero la esperanza renació para Margarita y centenares de padres después de que la jueza Laurel Beeler fallara el pasado 1 de marzo a favor de quienes demandaron al Gobierno de Trump en una corte federal de San Francisco y ordenara que sus solicitudes sean procesadas.
“Cuando entró Trump de buenas a primeras, de un día para otro, anuló el programa, todos esos muchachos se quedaron con nada más que esos papeles en la mano”, explicó a Efe el director de Servicios de la organización latina y proinmigrante CASA, George Escobar, cuyo grupo asiste a Margarita.
Según este experto, el hijo mayor de Margarita había recibido una “aprobación condicional” para venir al país, pero al anularse el programa “perdió la oportunidad”.
Escobar no descartó que la decisión de la jueza federal, que el Gobierno decidió no apelar, reabra las posibilidades para estas familias.
“El Gobierno está diciendo que no van a iniciar la reunificación hasta como octubre de este año”, señaló el responsable de CASA, quien indicó que aunque ya recibieron el plan de implementación, “hay que esperar un tiempo”.
FUENTE: elsalvador.com
