Cortizo revive el debate de las APP

En su gobierno, el presidente electo, Laurentino Cortizo, volverá a avivar el debate de las Asociaciones Público-Privadas (APP). El perredista declaró que incluso el tema ya está dentro del primer paquete de propuestas que enviará a la Asamblea Nacional, una vez tome posesión este 1 de julio. Es una de las fórmulas a la que apelará la administración entrante para reactivar la economía del país y que Cortizo ya había prometido en su plan de gobierno. Se trata de establecer un marco regulatorio para las APP ‘para garantizar mayor eficiencia en las inversiones públicas, procurando reducir el riesgo financiero del Estado’.

Según el Banco Mundial, una asociación público-privada se refiere a un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública.

Lo más cercano a las APP que hay en Panamá son varias concesiones que funcionan con la misma esencia pero bajo ‘contratos ley’ pactados directamente entre las empresas y el Estado. Tal es el caso de algunos puertos o la expedición de licencias de conducir.

Marco legal

La figura de la APP no es nueva en Panamá, solo que carece de una ley marco que la regule. El primer intento por aprobar una ley de APP se dio en 2011 durante el gobierno de Ricardo Martinelli, pero tras la oposición de gremios que denunciaron un intento de privatización ‘disfrazado’ de algunos servicios estatales, especialmente médicos, no prosperó.

El año pasado, bajo el mandato de Juan Carlos Varela se introdujo nuevamente a la Asamblea. Sin embargo, la coyuntura electoral y económica disipó el debate.

Aun así, la APP se considera una modalidad de contratación pública y es regulada en sectores específicos. Una radiografía reciente de la Unidad de Inteligencia de ‘The Economist’ sobre entorno para las asociaciones público-privadas en América Latina y el Caribe, listó como ejemplo la Ley 2 de 1997, que trata sobre la provisión de servicios de agua potable y saneamiento y las leyes que rigen los sectores de transporte y energía. Y para los sectores en donde no existe legislación específica, la Ley 22 de 2006 (modificada por última vez por la Ley 15 de 2012) es la que rige las concesiones y los contratos.

Con esta definición ampliada a concesiones, Panamá ha otorgado 35 proyectos bajo esta modalidad en infraestructura por un valor total de $7,940 millones entre 1990 y 2018, reseña The Economist en base a los datos de participación privada en infraestructura del Banco Mundial.

Desafíos

Panamá introduce capital privado en grandes proyectos de infraestructura a través de la ley de contrataciones públicas, misma cuyas modificaciones también están en la agenda del presidente electo. La misma ley que el precitado reporte de The Economist califica como ‘ineficiente y que carece de transparencia’.

Así, la falta de transparencia y la ausencia de un marco institucional sólido han aumentado la desconfianza pública, limitando los intentos de crear una legislación; concluyendo que el principal desafío del país es ‘convencer al público de que una ley sobre las APP traerá valor a la nación, buenas prácticas e instituciones sólidas para contrarrestar la opacidad’.

En cambio, el politólogo Richard Morales piensa que el esquema es la socialización de los costos y la privatización de las ganancias, apuntando a que ‘han sido un gran fracaso’, tanto en Panamá como a nivel global.

Morales, también exprecandidato presidencial por el Frente Amplio por la Democracia, ejemplificó con el caso de los puertos, ya que se trata de uno de nuestros activos más valiosos, que se maneja de espaldas al país, sin aportar renta real, y sin estar articulado a una estrategia de desarrollo nacional, dijo. ‘Lo público empieza a operar bajo la lógica del mercado, la búsqueda de rentabilidad, se corrompen las instituciones’.

El economista Francisco Bustamante, por su parte, sí cree en el modelo de APP, pero ‘depende del marco legal’, atribuyendo el temor de la privatización a la falta de credibilidad de la clase política.

FUENTE: La Estrella de Panamá