Redacción
A unque la Concertación Nacional para el Desarrollo no será elevada a rango constitucional, tendrá la responsabilidad de elegir una terna para la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del futuro Tribunal Constitucional.
La terna será enviada al Ejecutivo para la designación de los magistrados. ‘Una vez aprobada estas reformas, será muy difícil o casi imposible que un presidente pueda nombrar a un magistrado de la Corte que le favorezca’, dijo Enrique De Obarrio, representante de la sociedad civil organizada ante el Consejo de la Concertación.
Este lunes, la Concertación Nacional para el Desarrollo aprobó el paquete de reformas constitucionales que contiene unos 40 artículos y algunos fueron consensuados con disenso. El paquete de reformas contemplaba elevar la Concertación a rango constitucional, pero en la sesión de este lunes se acordó eliminar la propuesta.
‘Por unanimidad se decidió eliminar esta propuesta no porque consideramos que la Concertación no sea elevada a rango constitucional, sino porque la propuesta ha causado ruido y la Concertación ya es ley de la República’, dijo De Obarrio.
El paquete de reformas fue redactado por un grupo de asesores que se creó en agosto del año pasado y en febrero de este año presentaron una propuesta que fue discutida por el pleno de la Concertación.
Algunas de las propuestas que planteó este grupo fueron eliminadas. Tal es el caso de elevar a 81 la cantidad de diputados en la Asamblea Nacional y que algunos fueran elegidos a nivel nacionales, que los gobernadores fueran electos y se creaba la segunda vuelta para las elecciones de presidente de la República.
Los artículos que se aprobaron con disenso están relacionados con la figura de diputado y con la paridad. Las reformas constitucionales establecen que los diputados solo podrán reeligirse para un segundo periodo y no podrán ejercer otro empleo remunerado.
El paquete de reformas también establece que se garantizará la paridad en las postulaciones para cargo de elección popular. De Obarrio indicó que aunque hubo dos disensos, fue aprobado.
Otro aspecto que contemplan las reformas es que el presupuesto del Ministerio Público y del Órgano Judicial deberá ser el 2% del Presupuesto General del Estado. ‘Esto representa mucho más de lo que actualmente reciben’, dijo De Obarrio.
Las decisiones aquí tomadas fueron en consenso por encima de las diferencias y se deja constancia de los disensos, sin perjuicio que tienen todos los sectores de continuar defendiendo las causas que les son inherentes a sus sectores, explicó la ministra de Desarrollo Social y presidenta de la Concertación, Michelle Muschett.
‘Estas reformas no son exhaustivas, están centradas en aspectos que son considerados urgentes’, dijo la ministra.
Para De Obarrio, las reformas eliminan el exacerbado presidencialismo, se combate la impunidad de magistrados y diputados y se fortalecen con más recursos el MP y el Órgano Judicial..
FUENTE: La Estrella de Panamá
