El contralor General de la República, Federico Humbert, y la Asamblea Nacional volvieron una vez más a enfrentarse por el tema de las auditorías a la planilla 080 de la entidad.
En un comunicado, la Contraloría General de la República informó que ayer se emitió una resolución ordenando reanudar la auditoría del pasado 15 de mayo de 2018, tendiente a revisar el manejo de fondos asignados a la planilla 080 de la Asamblea Nacional.
Esta auditoría había sido suspendida en mayo de 2015 luego de que la Asamblea Nacional presentara ante la Corte Suprema de Justicia una acción de amparo de garantías constitucionales, en contra de la resolución que la ordenó.
Sin embargo, según el comunicado de la Contraloría, a pesar de un fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que denegó el amparo de garantías constitucionales, ‘hoy —ayer— nuevamente en un acto arbitrario y antijurídico se impidió a nuestros auditores iniciar la correspondiente auditoría’.
Frente a esta acción, el contralor Humbert afirmó que recurrirán a todas las instancias legales que les faculta la Ley, para llevar adelante la responsabilidad fiscalizadora a la que los obliga la Constitución.
Fallo no ejecutoriado
Ante esta nueva acción de la Contraloría General de la República, realizada a 16 días de que culmine el periodo de la actual Asamblea, fuentes legislativas informaron que el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que deniega el amparo de garantías constitucionales, aún no está ejecutoriado debido a que fue presentado un recurso legal de aclaración.
La acción legal fue interpuesta por el abogado Carlos Carrillo, en representación de la presidenta de la Asamblea, la diputada Yanibel Ábrego.
En el recurso el abogado Carrillo pidió la aclaración a la Resolución del 13 de septiembre de 2018, mediante la cual la Corte deniega el amparo de garantías constitucionales promovido en contra de la decisión del contralor general de la República, contenida en la resolución del 15 de mayo de 2018 que ordenó la auditoría.
Carrillo pide que se aclaren algunos planteamientos del fallo y cuestiona si recibir un testimonio es un interrogatorio y si no significa este un procedimiento propio de la esfera penal.
Pide aclarar, además, si la Contraloría puede ordenar todo tipo de auditorías sin importar si es forense o no, y solicita que se esclarezca en el fallo la diferencia entre una auditoría forense y una general de fondos públicos.
También pide que se aclare si puede la Contraloría ordenar testimonios a funcionarios del despacho de un diputado, a sabiendas de que estos responden a las órdenes de aquel y que el personal lo es del mismo diputado.
‘No se negó el ingreso’
En un comunicado, la Dirección de Comunicación de la Asamblea Nacional negó que se haya impedido el ingreso de auditores de la Contraloría, ‘a quienes de manera respetuosa se les atendió, se les entregó copia de lo presentado (ante la Corte) y se les informó sobre la buena disponibilidad de cooperar una vez se reciba la aclaración presentada ante la Corte’.
Se detalla también en este comunicado que la aclaración de sentencia frente al fallo emitido por la Corte es fundamental para determinar la futura validez o nulidad de la auditoría.
‘El primer Órgano del Estado está a la espera de que se resuelva la aclaración presentada, la cual ya está en trámite en la máxima corporación de justicia’, informó el Legislativo.
FUENTE: La Estrella de Panamá